Procuraduría prende las alarmas por asesinatos de líderes sociales tras firma de la paz

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El procurador general Fernando Carrillo hizo un llamado nacional frente a los reportes de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia tras la firma de los acuerdos de paz y la implementación de los mismos.

De acuerdo con el procurador, si bien las cifras de asesinatos y amenazas contra esta población vulnerable no coinciden, es importante desarrollar la nueva directriz para que las autoridades y varios sectores tengan responsabilidades para proteger a estas personas.

“El Gobierno Nacional habla de 82 muertos entre 2016 y la fecha; la Defensoría del Pueblo de 156, entre enero de 2016 y marzo de 2017; la Marcha Patriótica, de 173, entre enero de 2016 y Junio de 2017”, señaló Carrillo.

Señaló que actualmente el país vive un cambio tras la implementación de los acuerdos y criticó a quienes en medio de su escepticismo están haciendo política sin tener en cuenta la labor que se desarrolla alrededor como la de los defensores de los derechos humanos.

“Las encuestas muestran un país marcado por el pesimismo y la frustración, en el que el tema de la paz no ocupa el primer lugar de la agenda pública. Tanto es así que fue más importante en la agenda mediática de ayer un gol de James, que la entrega del otro 30% de armas de las Farc a Naciones Unidas”, agregó el procurador.

Para Carrillo la entrega de armas por parte de las Farc “es la ratificación de que esa organización ya nunca más podrá ser un ejército armado de fusiles, porque debe mutar, gracias a los acuerdos, a un partido político armado de ideas, que deberá ganarse, en franca lid, un espacio político entre los colombianos”.

Ante la situación de los defensores de derechos humanos ratificó su compromiso y anunció acciones para que no continúen hechos de violencia en medio de la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.

“Esta Directiva es producto de un llamado de una oposición que quiere luchar por los caminos de la democracia. Los hemos escuchado; la hemos escrito a muchas manos teniendo en cuentas sus observaciones. La hemos hecho para cumplirla. Estamos notificando a los funcionarios públicos sobre su obligación de respetar y garantizar los derechos de la población objeto”, aseguró.

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